La tumba de ETA: los atentados que marcaron el final del terrorismo en el País Vasco

Los atentados que marcaron el final del terrorismo en el País Vasco.

Pese a la influencia de estas acciones en el declive de ETA, su desaparición se haría esperar aún catorce años tras el asesinato de Blanco, pues el cese definitivo de sus actividades criminales no llegó hasta 2011. El terrorismo dejó entonces de amenazar la convivencia en el País Vasco, tras medio siglo: condicionó las postrimerías del franquismo, dificultó la Transición y combatió contra la democracia. No obstante, la equiparación de sus atentados más sonados y tremendos con la tumba de ETA requiere algunas matizaciones, pues no puede establecerse una relación mecánica.

Se afirma a veces que fueron un error de ETA y que por ello precipitaron su final, pero tales atentados no fueron anomalías en la trayectoria terrorista. Los planificó dentro de su estrategia y, si bien produjeron reacciones o estragos diferentes a los previstos por sus autores, no la llevaron después a rectificar sus prácticas. Contribuyeron a la derrota de ETA porque desvelaron de forma intensa su esencia totalitaria: el atentado era su seña de identidad, no un recurso ocasional de una especie de organización política. Imaginar que buscaba, primero, una vía democrática frente a la Dictadura y, tras la Transición, una profundización de la democracia constituye una quimera perversa, si bien creencias de este tipo pervivieron mucho tiempo entre antiguos antifranquistas y solo quedaron desterradas cuando los crímenes evidenciaron la barbarie del terror.

ETA terminó por la acción policial –en su paulatino desgaste influyeron también actuaciones de muy diverso tipo: políticas, judiciales, diplomáticas, internacionales, etc.–, pero el repudio expreso por parte de la opinión pública tuvo una influencia decisiva. Sin tal rechazo contundente, hubiera sido resultado más ardua su derrota. Los atentados a que nos referimos generalizaron la convicción de que era necesario acabar con los terroristas y deshicieron la especie de que eran unos actores políticos más. Atentados como los de Hipercor, Zaragoza y Madrid o el asesinato de Miguel Ángel Blanco forman parte de ese proceso que condujo a ETA hacia su final, al mostrar la faz más brutal del terror, enajenarle apoyos o comprensiones y asentar la política antiterrorista, con crecientes respaldos sociales.

El atentado de Hipercor

El atentado de Hipercor fue el más mortífero de la historia de ETA y el primero dirigido de forma indiscriminada contra la población civil. Sus víctimas fueron trabajadores y clientes de un hipermercado. El contexto: la estrategia terrorista buscaba negociar con el Estado, para lo que se habían realizado contactos en Argel, y ETA quería así fortalecer sus posiciones. Las concepciones terroristas imaginaban que los cambios irreversibles que pretendía ETA para el País Vasco no dependían de respaldos electorales, sino de su capacidad destructora y desestabilizadora.

En tal campaña, el comando que operaba en Cataluña recibió la orden de atentar contra empresas que tuviesen participación de capital francés, pues ETA quería castigar a Francia por su creciente implicación en la lucha contra el terrorismo. Creyendo erróneamente que tal circunstancia se daba en Hipercor, los tres terroristas eligieron el centro comercial de la avenida Meridiana de Barcelona.

Utilizaron un vehículo que había sido robado unos meses antes en Guipúzcoa y lo cargaron de explosivos: unos 200 kg, incluyendo un líquido incendiario de efectos similares al napalm. La sentencia judicial dictaminó que se inspiraba “en el material utilizado en la guerra, que produce no solamente la destrucción de vehículos (...) sino también la muerte de personas, finalidad para la que fue utilizado”. El comando realizó tres llamadas alertando sobre la inminente explosión pero dejó mensajes confusos, sin especificar que la bomba estaba dentro de un coche. Las fuerzas de seguridad no la localizaron y, pasada la hora en que habían anunciado que haría explosión, abandonaron el centro comercial. Al parecer, por aquella época no eran infrecuentes las llamadas que creaban alertas falsas.

A las 16:10 de la tarde del viernes 19 de junio de 1987 explotó la bomba en el aparcamiento del centro comercial, donde había una concurrencia amplia. “Una bola de fuego arrasó a las personas que encontró a su paso, a la vez que una ingente cantidad de gases tóxicos ocasionó la asfixia a las personas que encontró en su radio de acción...”. Los productos incendiarios se adherían a los cuerpos, sin posibilidad de apagarlos ni de desprenderse de ellos. La lectura de la sentencia que describe los efectos de la explosión estremece.

En el atentado de Hipercor fueron asesinadas 21 personas y resultaron heridas otras 48. Una sentencia estableció una responsabilidad parcial del Estado, porque las fuerzas de seguridad no desalojaron el centro comercial. Tal circunstancia no menoscababa la responsabilidad de la organización terrorista, en una masacre concebida con especial crueldad. La brutalidad del atentado, de perfiles hasta entonces desconocidos, suscitó masivas reacciones contra ETA. Muchos años después, próxima ya a su desaparición, ETA admitía que el atentado de Hipercor fue “el mayor error” que había cometido.

El lamento no era propiamente una autocrítica –culpaba a los responsables policiales y gubernamentales por no desalojar el edificio– y quizás se refería a algunas consecuencias que tuvo, negativas desde su punto de vista: perdió los apoyos tácitos que tenía en el nacionalismo radical catalán, las fuerzas democráticas cerraron filas contra ETA, Francia comenzó a colaborar policialmente con España de forma sistemática y el territorio francés dejó de ser refugio más o menos consentido para los terroristas.

La masacre de la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza

Poco después de Hipercor, llevó a cabo la masacre de la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza (250 kg de explosivos), con 11 muertos, 5 de ellos niños, y 88 heridos, la mayoría civiles. Fue, al parecer, su respuesta a los primeros acuerdos antiterroristas. Cometido en diciembre del 87, el atentado confirmó que ETA no ponía límites al uso del terror. Su proyecto de transformación social y nacional de Euskal Herria, asociado a la independencia, llegaba de la mano deshumanizada de los asesinatos múltiples. El recurso a la barbarie no era novedad, pero sí el intento de aterrorizar a la sociedad con atentados masivos.

Tuvieron su respuesta: en enero de 1988, las fuerzas democráticas vascas firmaron el Pacto de Ajuria Enea, el principal acuerdo que hubo contra el terrorismo. El aislamiento de la izquierda abertzale, que apoyaba a ETA, y una nítida postura común frente al terror acompañaron los siguientes años al descenso de la actividad terrorista, que aun así siguió condicionando la política vasca. En este ambiente fracasaron las conversaciones de Argel, en las que los interlocutores designados por ETA desarrollaron un discurso sorprendente por su alejamiento de la realidad.

El asesinato de Miguel Ángel Blanco

En la memoria colectiva, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el 13 de julio de 1997, quedó como el principio del fin de ETA. Efectivamente, marcó un hito, pues suscitó multitudinarias reacciones en toda España, con particular intensidad en el País Vasco, donde por vez primera la contestación a ETA se adueñó de la calle, expresando una suerte de rabia social contra el terrorismo. No fueron las primeras respuestas que este recibió, pues las hubo desde la primera gran manifestación de octubre de 1978 y las movilizaciones habían sido frecuentes, teniendo particular impacto las que se realizaron en 1993 en protesta por el secuestro del empresario Julio Iglesias Zamora, además de las protestas sistemáticas que realizaba Gesto por la Paz. Sin embargo, en aquella ocasión evidenciaron la magnitud y profundidad del hastío social frente al terror. Pocos días antes se había producido el rescate de Ortega Lara, el funcionario de prisiones que había sobrevivido a 522 días de secuestro en penosísimas condiciones; parecía un superviviente de un campo de concentración nazi.

Miguel Ángel Blanco, concejal de Ermua por el PP, tenía 29 años cuando fue secuestrado el 11 de julio por ETA, que dio un ultimátum al Gobierno para que, en el plazo de 48 horas, trasladase presos terroristas al País Vasco. En caso contrario lo matarían, aseguraba el comunicado. La amenaza de muerte y la iniquidad que implicaba convulsionaron España. Se sucedieron las manifestaciones: decenas de miles, centenares de miles de personas en las calles de diversas ciudades. La movilización de Bilbao, exigiendo la libertad del secuestrado, fue la mayor que se había conocido en el País Vasco.

No había sido una amenaza retórica. Miguel Ángel Blanco fue asesinado en el plazo anunciado y la vileza del crimen conmocionó a la sociedad. En el País Vasco se sucedieron los siguientes días las manifestaciones contra ETA, muchas de ellas espontáneas. Se produjo una transferencia transitoria del protagonismo en el espacio público, tradicional dominio del nacionalismo radical. De pronto, las calles fueron ocupadas por una reacción popular contra ETA, que evidenciaba el hartazgo social. Por eso, este asesinato significó un paso decisivo en los posicionamientos frente al terror.

La sociedad exigía que se priorizase la acción antiterrorista. El “espíritu de Ermua” vino a sintetizar este nuevo estado de ánimo, forjado por la irritación de la sociedad, e inspiró el clima que exigía masivamente acabar con el terrorismo. Fue el comienzo del fin, pero no el final de ETA. Pese a que tal asesinato tenga ese simbolismo incuestionable, sorprendentemente abrió una etapa en la que el terrorismo amplió su influencia. ¿Los dirigentes del nacionalismo moderado entendieron que la reacción de julio del 97 amenazaba a toda la comunidad nacionalista e iniciaron por ello una aproximación al nacionalismo radical? Así se ha interpretado.

En todo caso, abandonaron primero la política de aislamiento de la izquierda abertzale y después, en septiembre de 1998, llegaron a un pacto soberanista, de Estella o Lizarra, tras un acuerdo expreso del PNV y EA con ETA que consideraba “enemigos de Euskal Herria” a los partidos constitucionalistas. Significaba un reconocimiento político de ETA de un rango y contenido que la organización terrorista nunca había alcanzado. Le permitiría una gran influencia, si bien formalmente el acuerdo decayó al romper ETA la tregua que acompañó al Acuerdo de Lizarra e iniciar una nueva campaña de acoso terrorista. Se abrió así la década soberanista, con gran presencia del nacionalismo radical. Los atentados y la amenaza terrorista afectaron a sectores muy diversos, pero fue el canto del cisne de ETA.

La actuación antiterrorista sistemática, que incluyó la ilegalización de sus apoyos, y una acción policial más eficaz redujeron paulatinamente sus capacidades de actuación y llevaron a su desaparición, en una derrota que ETA quiso presentar como un cambio estratégico. Dejaba un legado de décadas de terror y extorsión a la sociedad vasca, más de 800 asesinatos y un profundo deterioro ético.

En el proceso que llevó a la victoria de la democracia jugaron un papel decisivo las conmociones sociales que provocaron, entre otras acciones terroristas, el atentado de Hipercor y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Mostraron la naturaleza ciega del terror y los extremos a que podía llevar el fanatismo antidemocrático.