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La sociedad visigoda

Así era la sociedad visigoda que vivió en Hispania, un grupo de personas que, aunque minoritario, logró erigirse como dirigente, favoreciendo así su fusión con la aristocracia hispanorromana.

Don Rodrigo en la batalla de Guadalete
Wikimedia Commons

Cuando los visigodos se lanzaron a ocupar la península ibérica y tomarla como espacio principal y definitivo de asentamiento, estos pasaron a formar una minoría social frente a una mayoría de origen hispanorromano, que podía oscilar entre los ocho y los doce millones de habitantes. En contraposición, es bastante improbable que, en las estimaciones más optimistas, los componentes poblacionales de origen godo hubiesen superado los 200 000 individuos. Igualmente minoritarios habrían sido otros grupos de diverso origen, ya fueran griegos, sirios o judíos. 

También se encontraban habitando en la Hispania otros individuos de origen bárbaro, como suevos o, en menor medida, vándalos y alanos, aunque estos habrían acabado asumiendo con el tiempo una identidad goda, concretamente al tiempo que el reino visigodo se fue consolidando como entidad política hegemónica. Aun constituyendo una minoría, los godos lograron erigirse como grupo dirigente, favoreciendo así, ya en momentos bastante tempranos, su fusión con la aristocracia hispanorromana, la cual vio en su acercamiento a los visigodos una manera de perpetuar su posición privilegiada en el nuevo régimen. La identidad goda se convirtió así en sinónimo de poder y, de hecho, solamente los integrantes de esta gens podían acceder al trono. Aunque el rey Leovigildo (569-586) emitió una norma en la que se derogaba la prohibición de matrimonios mixtos entre romanos y godos, la unión entre ambos componentes poblacionales se había venido dando desde bastante tiempo atrás. El ejemplo más claro de ello es del rey Teudis (531-548), quien se esposó con una gran propietaria hispanorromana años antes de acceder al trono. La norma leovigildiana únicamente intensificaría el mestizaje entre ambos grupos, al igual que lo hizo la desaparición de las barreras religiosas después de que los visigodos renegasen del arrianismo y adoptasen el dogma católico, mayoritario entre la población hispanorromana, en tiempos de Recaredo (586-601).

Sistema clientelar

Las diferencias sociales en la sociedad hispanovisigoda no deben leerse por tanto en clave étnica, sino fundamentalmente en clave socioeconómica y, de forma secundaria, jurídica. A grandes rasgos, podemos hacer una división social entre una minoría política y económicamente privilegiada (maiores personae) y una masa popular (minores personae). Tal diferenciación social tendría una traducción jurídica, al implicar privilegios judiciales para los primeros y unos castigos más duros para los segundos. La convivencia entre ambos grupos vino articulada por un entramado de relaciones de dependencia, también llamadas de patrocinio (patrocinium), a distintos niveles. En un verdadero sistema clientelar, reconocido jurídicamente al menos desde los tiempos del rey Eurico (466-484), los individuos establecían vínculos estrictamente personales con un patrono, al cual juraban fidelidad y servicio.

En lo que a la base de la pirámide social se refiere, muchos campesinos libres vieron en el establecimiento de vínculos de patrocinio la única salida a una situación económica precaria o de inseguridad. Estos entregaban la propiedad de sus tierras a un señor, a quien se subordinarían y servirían a partir de entonces, en una sumisión que trascendía la vida del ahora dependiente, adquiriendo así un carácter hereditario. Los libertos, esto es, los esclavos manumitidos, también habrían quedado ligados a perpetuidad a su antiguo señor mediante estos mismos lazos de dependencia personal. Los esclavos, aun manteniendo una condición jurídica distinta, habrían sido también partícipes de este sistema. Todos estos grupos habrían recibido parcelas de tierra de las que vivían a cambio de pagarle al dominus o patronus de turno una renta por el uso de estas y de prestarle servicios personales, como por ejemplo participar en expediciones militares. Así lo refleja por ejemplo la inscripción funeraria del señor godo Oppila, quien se hizo acompañar en la expedición militar que acabó con su vida de sus dependientes (clientes) y esclavos (mancipia). Observamos así que, en la práctica, las diferencias entre libres dependientes y esclavos se diluyeron, hasta el punto de figurar frecuentemente englobados bajo la misma categoría de serui. Aunque a nivel jurídico se mantuvo una división entre individuos libres y no libres, en la práctica la situación y la experiencia vital de estos grupos se asimilaban bastante. En otras palabras, el estatus jurídico individual pasó a adquirir una importancia relativa a la hora de determinar unas mejores o peores condiciones de vida. Es cierto que los hombres libres, incluidos los libertos —al menos hasta el reinado conjunto de Egica y Witiza (694-702/3)—, habrían tenido en teoría la posibilidad de decidir la ruptura unilateral del vínculo de dependencia con su patrono y escoger uno nuevo, pero el sistema estaba pensado para dificultar estos supuestos, estando obligado el hasta entonces dependiente a devolver a su anterior señor todo lo que este le hubiese entregado y la mitad de lo ganado durante todo el tiempo que duró la relación de patrocinio. Con todo, no todos los campesinos libres habrían quedado sometidos a este sistema. Un número difícil de determinar de individuos, pero que posiblemente se correspondía con una minoría de la población, habría logrado conservar su autonomía y evitar caer en las redes clientelares de un patrono. Identificamos a estos con el grupo de pequeños propietarios, con escasa presencia en las fuentes, y que se repartían entre las ciudades y el ámbito rural.

Élite social heterogénea

Las élites locales y aristocráticas, las cuales se englobarían en las fuentes bajo la categoría de domini uel patroni, eran en general los principales beneficiarios de este sistema clientelar. Aunque minoritaria, la élite social era bastante heterogénea en condición y dignidad. No todos los potentes o domini habrían sido nobiles. La aristocracia habría tenido su propia subdivisión interna. Al describir la dura purga política llevada a cabo por el rey Chindasvinto (642-653) al comienzo de su reinado, la denominada Crónica de Fredegario recoge que este monarca se deshizo de 200 magnates godos, de primatis Gotorum —también denominados en otras fuentes como primates palatii o seniores gentis Gotorum —, y de otros 500 aristócratas de rango menor, catalogados como mediocres. Más allá de si los números ofrecidos por el cronista se encuentran exagerados o no, lo cierto es que obtenemos la impresión de que la aristocracia goda estaba dividida, al menos, en dos grandes categorías. Resulta complicado aproximarnos con precisión a los criterios que determinaban la integración en una u otra categoría, pero sin duda cuestiones de linaje o la posesión de una mayor riqueza habrían constituido factores determinantes. Estos grupos aristocráticos se habrían reservado las principales responsabilidades políticas del reino, fuera gobernando las ciudades y sus territoria u ocupando cargos en corte palatina visigoda. Asimismo, estos habrían conformado la masa principal de grandes propietarios, esto es, aquellos que más tierras y dependientes acumulaban. En un escalafón inferior, pero aún integrando las élites sociales del reino, se encontrarían los medianos propietarios que, sin formar parte de un linaje aristocrático, gozaban de una posición privilegiada en el seno de sus comunidades.

La integración de la Iglesia

Con independencia de su entidad, las élites también se integraron en el juego de interdependencias personales de patrocinio, aunque las implicaciones fuesen distintas al sistema imperante hacia el grueso de la población. Miembros de las élites entraban así en una situación de clientela con un señor más rico, poderoso e imbuido de una mayor dignidad (dignitas). De hecho, un indicador de poder bastante importante habría sido la posesión de unas densas redes de dependientes entre los grupos poderosos. En esta esfera la prestación de fidelidad adquiría una mayor relevancia, siendo esta decisiva a la hora de decantar el juego político del reino en favor de una facción u otra. No es de extrañar la reiteración en las fuentes legales de medidas dirigidas a prevenir y castigar a todo aquel que incurriese en infidelitas contra su patrono, por ejemplo, obligándole a devolver todos los bienes que este le encomendó en el tiempo que duró el vínculo. Al final, todo señor, con independencia de su entidad, dependería de uno de sus pares, a quien debía servir, por ejemplo, en las expediciones militares en las que este se implicase. En este sistema, el rey se convertía en el principal dominus y patronus del reino, teniendo bajo su dependencia a los primates más poderosos del regnum. De hecho, los juramentos de fidelidad y servicio al monarca se erigieron como uno de los principales elementos definitorios del sistema político visigodo. Se creaba así la paradoja de que el poder público, encarnado por el monarca, dependía de la capacidad de este último de lograr tejer una red lo más densa posible de vínculos de eminente carácter privado.

La Iglesia también se integró en este esquema de relaciones socioeconómicas, sometiendo así a su dependencia a individuos de diversa condición. De hecho, las autoridades eclesiásticas, también en los monasterios, defendieron con celo su tutela a perpetuidad sobre estos individuos por encima de las aspiraciones de otros señores o de los propios anhelos de sus dependientes de liberarse de sus obligaciones. El propio clero habría reproducido en su funcionamiento institucional interno este mismo esquema. En la práctica los obispos actuaban como patronos de los clérigos de sus respectivas diócesis, que habrían tenido prohibido pasar a depender de un prelado vecino. Al final, el sistema de patrocinium era un fenómeno universalizado que impregnaba a todos los sectores de la sociedad y que sirve como preludio de las dinámicas feudales que se darán en el periodo medieval inmediatamente posterior.

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