¿Cómo se iniciaron las cazas de brujas que recorrieron Europa?

El imaginario colectivo está repleto de ideas sobre la brujería que no siempre se corresponden con la realidad histórica del fenómeno. Se la ha asociado con las persecuciones inquisitoriales. Sin embargo, su castigo comenzó antes de que existiera la Inquisición como fenómeno institucional y nunca estuvo limitado a las autoridades eclesiásticas.

En un primer momento, la Iglesia consideró a los brujos seguidores de dioses paganos. Estas divinidades eran identificadas como demonios, siguiendo la interpretación judía de la existencia como una lucha entre dos poderes: el bien, representado por la ley de Dios y sus seguidores, y el mal, personificado en el demonio y sus adoradores. La Iglesia cristiana demonizó las divinidades de las confesiones religiosas previas al mesías cristiano, generando, a su vez, nuevos conflictos sobre la posible consideración delictiva de la conocida como “magia blanca” o “magia buena”, aquella que no implicaba pactos demoníacos. Lo cierto es que algunas prácticas, como la astrología, tuvieron siempre buena acogida en las altas esferas, lo que dificultó su persecución. Finalmente, la Iglesia fundamentó la tipificación de delito de brujería en la creencia de que la magia estaba fuera de los límites de las capacidades humanas, siendo posible solo mediante la intervención del demonio a través de pactos. Pese a la aparente simplicidad de esta conclusión teológica, la naturaleza de los delitos de brujería fue repetidamente revisada a través de manuales y tratados que, a su vez, se vieron transformados por la práctica jurisprudencial diaria de los tribunales.

Manuales y tratados

Por ello, los manuales y tratados sobre brujería fueron decisivos en la persecución de este delito. El Canon Episcopi es la obra medieval de mayor importancia y se estima que fue escrita alrededor del año 900. En este manual, se instiga a condenar tanto a los practicantes de brujería como a los que creían en ella. El Directorium Inquisitorum, documento escrito por el inquisidor de origen aragonés Nicolau Eimeric a mediados del siglo XIV, es otra de las obras más relevantes en este campo, ya que aportó una clasificación de delitos relacionados con la hechicería y la brujería para que los inquisidores pudieran identificar los pactos con el demonio.

Juicio a una bruja

Aunque ya en el siglo XIV se había reconocido que los pactos y las invocaciones demoníacas eran prácticas que debían ser castigadas por los tribunales eclesiásticos, fue la bula pontificia de Inocencio VIII Summis desiderantes affectibus, publicada en 1484, la que reconoció oficialmente la brujería como un mal para toda la fe cristiana, y se encargó a los dominicos Kramer y Sprenger la elaboración de un completo manual para que los inquisidores pudieran luchar contra ella. Así nació el tratado sobre brujería más famoso: Malleus Maleficarum. El título es traducido como El martillo de las brujas, clara referencia a la importancia del género femenino en este delito. Se trata de una asunción generalizadora que no se verifica de forma uniforme: si atendemos a la documentación procesal de las actuales España e Italia, no hubo una gran diferencia entre en el número de hombres y mujeres enjuiciados por este delito, al contrario de lo que quedó registrado en otros territorios europeos, como es el caso de Países Bajos, donde hasta el 80 % de los reos sospechosos de brujería fueron mujeres.

Delito femenino

La identificación de la brujería como delito femenino arraigó con más fuerza en las regiones protestantes de Europa. Los últimos estudios sobre el fenómeno no han encontrado una causa que lo explique de forma satisfactoria. Se ha hablado de que algunas obras prepararon el terreno para que esta discriminación fuera aceptada más fácilmente, como fue el caso de La Biblia del Rey Jacobo, que afirmaba que la mujer era más débil que el hombre y, por ello, podía ser engañada más fácilmente por el demonio. Sin embargo, muchas de estas obras también circularon por regiones donde el número de hombres y mujeres condenados por delitos de brujería fue parejo, por lo que es difícil establecer una conexión directa entre la difusión de determinados libros y el establecimiento de la brujería como delito esencialmente femenino.

Por otra parte, si bien los manuales y tratados sobre brujería fueron una pieza clave en la institucionalización de la persecución de este delito, hay que recordar que el fenómeno no habría tenido el mismo impacto de no ser por la enorme permeabilidad de estas ideas en la población general. No hay que olvidar que la inmensa mayoría de los procesos se iniciaban mediante denuncias. Aunque la baja alfabetización no permitió que los tratados inquisitoriales calasen entre el público, existieron otras publicaciones que sí llegaron al pueblo llano y fueron extremadamente efectivas. Los panfletos no requerían de la palabra escrita, pues contaban con ilustraciones verdaderamente atractivas para contar historias ficticias relacionadas con demonios y brujas. Estos documentos propagaron toda una serie de estereotipos sobre la brujería que, a su vez, se vertieron durante los interrogatorios, manteniendo la ilusión de que esas historias podían ser reales. Aunque los detalles varían según la región de la que se trate, algunos elementos se mantuvieron invariables, lo que permitió que el fenómeno de la persecución de la brujería traspasase fronteras con gran facilidad en los siglos XVI y XVII.

La Europa posmedieval

Los primeros años de formación de los Estados modernos no marcaron una gran diferencia en cuanto a libertad y tolerancia religiosa, con excepciones como la Paz de Augsburgo. La brujería adquiere un grado mayor de especialidad con el código penal y procesal conocido como Constitutio Criminalis Carolina, impulsado por Carlos V en 1532. La obra es una completa y exhaustiva lista de delitos que incluye un sistema de penas y dedica parte de su capítulo noveno a los procesos de brujería, enmarcados en la jurisdicción secular. La nota singular de este código penal es que la brujería no queda vinculada a los delitos de herejía, de tal forma que el procedimiento para perseguir y castigar este delito en los territorios del Sacro Imperio quedaba en mano de las autoridades civiles.

Paralelamente, en los Estados en los que se mantenía la actividad de la Inquisición moderna la brujería seguía conectada al delito de herejía, pues era esta vinculación lo que justificaba la competencia de los inquisidores sobre la brujería: la Inquisición no perseguía a las brujas como brujas, sino porque sus pactos con el diablo las convertían en herejes. Desde la consolidación de las monarquías medievales, la herejía era considerada uno de los crímenes más graves, pues se entendía como un mal para la Iglesia, pero también como una ofensa contra la confesión del monarca, lo que lo convertía en un acto de rebeldía hacia la autoridad. Por ello, la persecución de la brujería acabaría teniendo matices políticos especialmente relevantes en aquellos territorios en los que se produjeron conflictos entre católicos y protestantes. En cualquier caso, la herejía y, por ende, la brujería, era consideradas delitos de lesa majestad, los más gravosos de todos, que incluían la pena de muerte como castigo. Aun así, hubo una gran diferencia en las penas según el lugar o el caso concreto. Por ejemplo, la Inquisición española no ejecutó a un solo acusado de brujería en sus últimos doscientos veintitrés años de actividad, mientras que decenas de miles perdían la vida en los tribunales centroeuropeos y del norte del continente.

Juristas en contra (y a favor)

Los terribles efectos de los procesos colectivos definieron la imagen popular de la persecución de la brujería en la Edad Moderna, pero no faltaron los juristas eclesiásticos que rechazaron las ideas difundidas en los manuales sobre brujería. Este fue el caso del jesuita Von Spee, autor de Cautio Criminalis, donde advertía sobre el pernicioso efecto de algunas de las prácticas de los procesos inquisitoriales. En España, los famosos juicios de Logroño de la primera década del siglo XVI marcaron un antes y un después en la actitud del Consejo de la Suprema y General Inquisición respecto a la brujería. El inquisidor Alonso de Salazar y Frías, apodado por Henningsen “el abogado de las brujas” , sentaría las bases para que, después de estos procesos, la histeria por la quema de brujas no siguiera expandiéndose por España, llegando a la conclusión de que cuanto menos se predicase sobre brujería menos denuncias se producirían, idea que se vio refrendada por los hechos. A pesar del creciente escepticismo de las autoridades españolas y adelantándose en este sentido al resto de Europa, se necesitaron otros cien años para que se produjera la última condena por brujería en la Monarquía hispánica, poniendo fin a la existencia de la brujería como fenómeno jurídico.

Por otra parte, las ideas del Malleus y otros manuales sí tuvieron una mejor acogida en los países protestantes, pues los propios reformadores, como Lutero o Calvino, dieron el visto bueno a la persecución de la brujería. Si bien católicos y protestantes estaban de acuerdo en la persecución de este delito, los métodos, los castigos e incluso los procesos judiciales fueron diferentes, siendo frecuentes en estos últimos, como nota más distintiva, el uso de las famosas ordalías o “juicios de Dios”, una antigua institución que se usó para identificar a las culpables de brujería en Inglaterra y otros Estados protestantes. En particular, la guerra civil inglesa dio lugar a la cara más inhumana de la persecución, en la que figuras como Matthew Hopkins se hicieron famosas por sus tácticas contra las brujas. Al amparo del vacío legal durante el conflicto bélico, Hopkins puso en práctica diferentes clases de torturas para obligar a los reos a confesar delitos de brujería a pesar de que el tormento judicial, a diferencia de lo que sucedía en los países católicos, no era legal en Inglaterra. Por otra parte, aunque algunos autores consideran que la represión de la brujería en Inglaterra fue mayor que en otros Estados de Europa, lo cierto es que, pasada la fiebre de la persecución de los siglos XVI y XVII, los juicios por delitos de brujería fueron poco a poco desapareciendo de todo el continente europeo, si bien dejaron en la historia una huella que, todavía hoy, resulta difícil de explicar.

Erika Prado Rubio es profesora e investigadora (Universidad Rey Juan Carlos).

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