La guerra popular y otros grupos terroristas antifranquistas

En los años setenta, cuando el régimen franquista evidenciaba su ocaso, grupos de izquierda radical agudizaron el uso de la violencia. Algunos, como el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), nacido de una escisión del Partido Comunista, optaron por la vía terrorista contra las fuerzas de seguridad. El resultado fue trágico.

En los años setenta, cuando el régimen franquista evidenciaba su ocaso, grupos de izquierda radical agudizaron el uso de la violencia. Algunos, como el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), nacido de una escisión del Partido Comunista, optaron por la vía terrorista contra las fuerzas de seguridad. El resultado fue trágico: una serie de asesinatos y la consiguiente represión policial con el trasfondo de una España predemocrática fuertemente polarizada.

En el marco de la lucha clandestina contra el régimen franquista surgieron diversas escisiones que acabarían por abrazar directamente la lucha armada. Los casos más conocidos fueron los de ETA —de cuya desaparición, dejando tras de sí un trágico reguero de sangre con 864 muertos y 379 asesinatos sin resolver, se cumplen diez años—, el GRAPO o la catalana Terra Lliure, pero existieron otros grupos que la opinión pública general apenas recordaba hasta que la polarización política de la sociedad española de los últimos años volvió a ponerlos sobre la palestra.

Bandera del FRAP
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Es el caso del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), cuya actividad fue desempolvada de los archivos policiales y los libros de historia cuando salió a la luz una información que relacionaba al padre de Pablo Iglesias, antiguo dirigente de Unidas Podemos, ex vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Ejecutivo de Pedro Sánchez, con dicho grupo armado. Francisco Javier Iglesias Peláez tenía entonces 19 años, y en 1973 pasó mes y medio encarcelado por su pertenencia al grupo. Aunque no había participado en acciones violentas, fue suficiente para que se generase un gran estruendo entre la opinión pública, controversia avivada principalmente desde los partidos de derechas. Aquello suscitó el interés de periodistas e historiadores por quienes engrosaban dichas siglas en los convulsos años setenta.

Escisión del PCE

El FRAP sería impulsado por el Partido Comunista de España (marxista-leninista), surgido en 1964 como escisión del PCE ante la que se consideró deriva reformista del principal partido de la oposición al régimen, desde posiciones primero maoístas (del partido comunista chino) y después pro-albanesas. Para entenderlo, debemos remontarnos a 1956, cuando el Buró Político del PCE aprobaba su declaración «Por la Reconciliación Nacional. Por una solución democrática y pacífica del problema español», que el Pleno del Comité Central refrendaría durante su celebración en los meses de julio y agosto.

Una propuesta —la de la reconciliación nacional, uno de cuyos máximos exponentes fue Santiago Carrillo— que surgía de la necesidad de superar la barrera divisoria generada entre los españoles por la Guerra Civil y establecía las bases para la futura solución pacífica de los problemas del país, una apuesta arriesgada teniendo en cuenta las lógicas reticencias de una parte de la militancia que había sufrido —y seguía sufriendo— la represión franquista. Ni que decir tiene que, en el seno del llamado Movimiento —como se conocía al partido único del propio régimen—, cualquier oposición, por muy pacífica que fuera, era calificada como «subversiva» y frente a ella solo se consideraba la política represiva, que la dictadura seguiría ejerciendo hasta el final, incluso en los llamados «años blandos».

Dicho cambio en la política del PCE condujo a las citadas escisiones y crisis en la década de los sesenta y al origen finalmente del FRAP a partir del germen del PCE (m-l), en cuya fundación confluyeron diferentes grupos: PCE (m-l) y su Juventud (JCE m-l), Oposición Sindical Obrera (OSO) y Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), entre otros. Al frente se hallaban Elena Ódena, seudónimo bajo el que se ocultaba la figura de la activista española Benita Ganuza, Raúl Marco (de verdadero nombre Julio Manuel Fernández López) y Eladio Zújar (Lorenzo Peña), todos ellos exiliados en Ginebra, aunque su primer presidente sería el antiguo ministro de Estado republicano Julio Álvarez del Vayo.

Finalmente, el 31 de enero de 1971, en un piso de París propiedad del dramaturgo estadounidense Arthur Miller, amigo de Álvarez del Vayo, donde este último residía provisionalmente junto con su esposa, Louise Graa, se creó el llamado Comité Coordinador pro-Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. En la reunión se concretaron los seis puntos programáticos en los que se basaría la organización antifascista, entre otros, «la lucha de nuestro pueblo contra la dictadura y el imperialismo yanqui».

Organizaciones juveniles y violencia callejera

El Comité pro-FRAP aglutinó diferentes organizaciones juveniles, sindicales, de mujeres o sectoriales, que generalmente adoptaron los nombres de otras similares ya abandonadas por el PCE. El FRAP, por lo general, se distinguía por sus acciones en barrios: acciones violentas, incontrolables y en muchas ocasiones innecesarias y pueriles y que eran desconocidas hasta ese momento en el mundo de la oposición política —exceptuando algunos hechos aislados ocurridos en el País Vasco—, lo que puso sobre alerta a las fuerzas policiales del envejecido régimen: quema de locales, rotura de cristales de entidades bancarias y comisión de atracos. En su monumental clásico en tres partes —algo desactualizado por el paso del tiempo— Crónica del antifranquismo (1984), Fernando Jáuregui y Pedro Vega señalan que «la militancia del Frente en los barrios se había lumpen proletarizado, y no resultaba extraño ver que algunos de los “saltos” del FRAP estaban encabezados por “jóvenes airados” a bordo de ruidosas motocicletas».

El FRAP integraba una amalgama variopinta de procedencias y sectores, una militancia fluida que brotaba de la desesperación ante las escasas salidas que se visualizaban al régimen franquista y que estaba en continua renovación, necesaria por las numerosas bajas que se producían, ya que, como se supo después, el Frente estaba preñado de importantes infiltraciones policiales que se situaban posiblemente cerca de la cumbre del organismo, rodeada de un gran secretismo.

Existía entre sus militantes una cultura revolucionaria en la que la vía armada se consideraba «legítima y necesaria». Mientras solo algunos partidos recurrieron a acciones puntuales como la autodefensa en protestas o reparto de propaganda y para obtener financiación, otros como la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) desarrollaron en contadas ocasiones un activismo de agitación o violencia de baja intensidad, con lanzamiento de cócteles molotov. Sin embargo, el PCE  (m-l) dio un paso más allá optando por la llamada «guerra popular» con atentados terroristas, por medio de los grupos de combate del FRAP y el Partido Comunista de España (reconstituido), el PCE (r), que promovió la creación de los GRAPO.

Álvarez del Vayo declaraba en la Conferencia de Proclamación del FRAP, en noviembre de 1973, que no se debía «caer en ningún romanticismo republicano y menos en la nostalgia de la República del 31». Según su punto de vista, y el de la mayoría de militantes, más bien era necesario «nutrir a la República, a la idea republicana, de un contenido social, es decir, no podemos volver atrás, a los años del 31 al 36». Sin embargo, más que un Frente Popular, el FRAP acabaría siendo el PCE (m-l) junto a otros seguidores minoritarios.

La primera acción violenta

En 1973, por tanto, se proclamaba la constitución definitiva del FRAP. Y ese sería precisamente el año en que tuvo lugar uno de los momentos más delicados de la lucha obrera. El Frente convocó protestas para el 1 y 2 de mayo de aquel año, y recomendó a los militantes acudir a las mismas «armados con lo que encontrasen», lo que tendría trágicas consecuencias. El día 1, en la manifestación del Día de los Trabajadores, en Atocha, mataron a puñaladas al subinspector de la Brigada Político Social (BPS) Antonio Fernández Gutiérrez, de tan solo 21 años. Se produjeron centenares de detenciones y llegó a correr el rumor (probablemente cierto) de que «Guerrilleros de Cristo Rey» habían penetrado en los sótanos de la Puerta del Sol para ayudar a la policía a «hacer justicia».

Puesto que el FRAP había reconocido la autoría del asesinato de Fernández Gutiérrez, la represión sería brutal. Numerosos militantes apresados fueron torturados, sin embargo, las acciones del FRAP se intensificaron en diversos puntos de la península, y a su vez se recrudecía en la misma medida la brutalidad policial. Ante el aumento de la agitación y las huelgas, y el consiguiente incremento de la represión estatal, el PCE (m-l) fue más allá y decidió crear grupos de combate. El 29 de marzo de 1975 se reunió en Perpiñán el Comité Permanente (ampliado) del FRAP, y su presidente, Álvarez del Vayo, justificaba la acción violenta: «[…] El crecimiento del FRAP justifica ya la acción de lo que podríamos llamar una rama militar. Una rama militar que no es el terrorismo a ciegas, sino el empleo de las posibilidades inmediatas en España para acciones complementarias de la huelga».

Sin embargo, con una avanzada edad, 84 años, Del Vayo fallecía poco después, el 3 de mayo de 1975. Entonces, el diario YA publicó numerosas calumnias sobre la organización y un comando del Frente intentó asaltar la redacción del periódico. Tras un periodo de acción violenta de baja intensidad, decidieron optar por la vía radical. El 14 de julio de ese año, un comando del FRAP asesinó en Madrid, de ocho impactos de bala, a Lucio Rodríguez Martín, un agente de la Policía Armada con solo un año en el cuerpo que prestaba servicio de vigilancia en las instalaciones de la compañía Iberia. Apenas cinco días después, el 19 de julio, el FRAP intentó asesinar al policía Justo Pozo Cuadrado, de 26 años. Le alcanzaron ocho proyectiles de bala pero sobrevivió al atentado. Y el 16 de agosto, varios miembros del Frente asesinaron al teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez, de 49 años de edad, con varias puñaladas y dos disparos de escopeta en la cabeza.

La respuesta del régimen, como era de esperar, fue durísima: hubo innumerables detenciones, torturas sistemáticas a los detenidos e incluso consejos de guerra. El 26 de agosto de 1975, tras los asesinatos de ETA, el FRAP y otros grupos extremistas, el gobierno de Carlos Arias Navarro aprobó por Decreto-Ley (10/1975) una dura ley antiterrorista que permitía el cierre de medios de comunicación (como los semanarios Posible, Destino o Cambio 16 ), y ampliaba la pena de muerte. Los polémicos últimos fusilamientos del franquismo, con amplias sospechas de vulneración de los derechos humanos, tuvieron lugar el 27 de septiembre de aquel año. Tres de ellos eran miembros del FRAP: José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz y José-Humberto Baena, y otros dos miembros de ETA político-militar: Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui.

Aunque la actuación del FRAP se extendió desde 1971 hasta 1978, tras la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, la organización sufriría una drástica reorientación, que, al contrario del resto de grupos de la izquierda radical, fue agudizando las condiciones de clandestinidad y restando significancia política a su actividad, sin que existiese, no obstante, una declaración formal que anunciase su disolución. Con la muerte del dictador, el PCE (m-l) cambió de estrategia, considerando que se daban por superados —al menos parcialmente— los objetivos que originaron la creación del Frente.

El FRAP se opuso frontalmente a la reforma promovida por Adolfo Suárez, quedando fuera de la Ley de Amnistía de 1977. Durante la transición, el PCE (m-l) se encontraba en una encrucijada, era muy débil y partidario de una violencia revolucionaria que no podía llevar a cabo con la mayoría de sus militantes neutralizados. Aunque llamarían al boicot en las primeras elecciones generales e hicieron propaganda a favor del no en el referéndum de la Constitución, la gran parte de fuerzas políticas (incluidos los partidos de oposición al viejo régimen) apoyaron la monarquía. Así, el partido se convirtió, en palabras de Carlos Hermida Revillas, de la UCM, en «un grupo testimonial que, tras haber decidido poner término a las acciones del FRAP en 1978, terminó disolviéndose en 1992».

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